agosto 2007                        

               La “viveza” de las obras

 

La noticia aparecida en el diario LA NACIÓN del 9 de julio contenía los siguientes párrafos:

María Servini de Cubría investiga un fraude millonario en la Obra Social del Poder Júdicial (Ospin), un orga­nismo que depende de la Corte Supre ma y que brinda cobertura. médica a todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional, de la justicia porteña, del Ministerio Público, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura , y a sus familiares. En total tiene 76.000 afiliados.

La maniobra descubierta a comienzos de año consistía en la sobrefacturación o la invención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en Una investigación interna de la obra social, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad del botín.        .

Ellos son Eduardo Bazerque, que se­ desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y EIsa Sosa, de la sección facturación. Tras la denuncia, ambos fueron desplazados a otros destinos dentro del Poder Judicial: Bazerque fue a la Morgue y Sosa, a la Dirección de Administración del Consejo de la Magistratura.  

Según las primeras estimaciones de los investigadores, la defraudación supera los dos millones de pesos.

La denuncia la hizo e1 16 de mayo el director general de la obra social, Hugo Destouches, tras recibir un informe de la asesoría jurídica. Esa pesquisa  fue impulsada por el entonces contador del organismo Ricardo Podestá, el primero en detectar las irregularidades. El funcionario declaró ante Servini de Cúbría como testigo.

En el informe, caratulado "Investigación administrativa sobre facturación sección odontológica', se detallaba que el año pasado algunos dentistas habían multiplicado su facturación en forma llamativa y sin la documentación de respaldo, informaron a LA NACION cuatro fuentes del caso. . .

Tras tomar las primeras medidas, él 13 de junio Servini de Cubría decretó el secreto del sumario. Luego, dispuso allanamientos simultáneos en la obra social, en las casas de los funcionarios involucrados y en los consultorios de los dentistas sospechosos. Al día siguiente; Podestá fue trasladado a la Cámara de la Seguridad Social.

Cuando denunció el tema ante la Justicia , Destouches destacó la llamativa variación de los montos facturados por algunos dentistas entre 2005 y 2006. El director de la obra social advirtió que en algunos casos habían multiplicado sus ingresos por diez y dijo que para ello habían contado con la anuencia de empleados del organismo que él encabezaba.

Un caso paradigmático  es el de la odontóloga María Pintado Rueda, que pasó de facturar 26.500 pesos en 2005 a 439.000 pesos en 2006, según información aportada a la causa desde la obra social. Otro dato llamativo es que, luego de iniciada la investigación interna, Pintado Rueda no reclamó el cobro de la última prestación, por la que había facturado 62246 pesos..

La odontóloga es uno de los cuatro profesionales que admitieron la maniobra irregular. Dijo que el trato era  que debían entregar el 50 por ciento de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba por su consultorio. Algunos de los testimonios, detallaron que el encargado de ir a buscar el dinero era el hijo de la funcionaria.

Casos sospechosos: Los otros dentistas que se declararon culpables son María Martha Malizia, Graciela Tarditi y Adalberto Chiappino. "En el país ocurren cosas más serias para que investiguen esto. Ahora, si quieren quemar gente al cuete me parece bien", dijo el último cuando LA NACION lo consultó sobre el caso. Después, cortó la comunicación.

Ante un requerimiento de la obra social para que presentara la documentación para cobrar una factura por 52.762 pesos, Chiappino dijo que le sería muy complicado y que por lo tanto no reclamaría el pago. Lo mismo dijo Tarditi, con una factura de 50.059 pesos, según testimonios de la causa.

Otro de los dentistas sospechosos pasó de facturar 16.000 pesos en 2005 a 238.000 pesos en 2006. Los casos abundan: en el mismo período, otro de los odontólogos aumentó su facturación de 145.000 a 500000 pesos.      

A medida que fue apareciendo documentación la jueza se fue dando cuenta de que la maniobra era mayor y decidió ampliar la investigación a otros 12 dentistas.

Las obras sociales y prepagas hace tiempo que se defienden de esto mediante el pago de honorarios miserables (¡total, van a trampear!, arguyen) y abriendo clínicas donde los mercaderes de la salud tienen bajo su ojo de amos al ganado de dentistas esclavos. ¡Qué “vivos” son los mercaderes! Y los dentistas, que se creen que son vivos, en efecto trampean subatendiendo y sobrefacturando, y les dan pie para lo antedicho.

¿Y quién pierde?

 La salud bucal de la gente. Que tampoco faltan “vivos” por ahí,, porque me pregunto si algunos altos funcionarios del Poder Judicial no están en perfectas condiciones de pagar un buen dentista particular en vez de llegar en lujosas 4 x 4 al consultorio de la OS. Pero prefieren gastarlo en las vacaciones, en ropa, en lo que sea, y acallan su conciencia de que descuidan la salud dental con ese simulacro de atención que le brindan gratis.

¡Pucha que somos vivos los argentinos!

Dr. Horacio Martinez    -     Dr. Emilio Bruzzo

                      Tengamos presente hoy más que nunca, las palabras de ¨Martín Fierro¨Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.. porque si así no lo hicieran los devoran los de ajuera

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